Tras largos años de reclamos de mayor transparencia en la policía, New York derogó la sección 50-a de la Ley de Derechos Civiles, que desde 1976 ha evitado que se hagan públicos los registros de investigaciones y acciones tomadas sobre la conducta de los agentes del orden.
La ley cobijaba también a bomberos y oficiales de las cárceles para mantener en secreto sus registros a menos que un juez ordenara lo contrario, pese a la existencia de la Ley de Libertad de Información (FOIL), destacó EFE.
La acción del Senado y la Asamblea estatales, ambas de mayoría Demócrata, surgió después de la muerte del afroamericano George Floyd en Minnesota a manos de un policía blanco y de las protestas y saqueos resultantes, que se extendieron a través del país, incluido Nueva York, reclamando reformas en las fuerzas del orden.
“En todo el país existe una sensación compartida de enojo y frustración por la muerte de otro hombre afroamericano desarmado a manos de las fuerzas del orden”, dijo tras la votación el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, político negro que subrayó que la acción proporcionará mayor transparencia.
La 50-a se adoptó en 1976 para evitar que los abogados de defensa penal utilicen esos registros en el interrogatorio de policías que son testigos durante procesos penales. Por años grupos que reclaman reformas en la policía han luchado por su derogación, a lo que se han opuesto sindicatos y grupos que representan a las fuerzas del orden público.
El proyecto aprobado pasará a ser firmado por el gobernador Andrew Cuomo, que se manifestó en favor de cambios en la 50-a.
New York y Delaware eran los únicos estados del país que impedían la divulgación de los registros policiales.
Los sindicatos que agrupan a policías y oficiales de las cárceles han defendido por años la 50-a, alegando que es una cuestión de seguridad, que protege a los oficiales de represalias, a pesar de que la Ley de Libertad de Información (FOIL) otorga a las agencias gubernamentales una amplia discreción para bloquear la divulgación de información personal, como los domicilios, que podrían poner en peligro a un oficial.