El presidente Donald Trump avanza con su agenda migratoria desde distintos frentes, pero uno de los más preocupantes es la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), uno de los últimos recursos de extranjeros para lograr alguna protección.
Un análisis del portal Law360 señala que la Administración Trump está colocando a jueces con altas tasas de denegación de asilo y personas con antecedentes legales aplicación de las normas migratorias, politizando la Junta.
Con base en documentos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información se revela que hay una aceleración en el proceso de contratación y amplía los poderes al director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia, James McHenry, y al fiscal general, William Barr.
El reporte de la experta Suzanne Monyak recuerda que, a diferencia de los tribunales federales y de apelaciones, el BIA es una junta administrativa que depende del DOJ, específicamente de la EOIR.
Esto abre las posibilidades de tomar decisiones clave en protecciones migratorias y la deportación.
“Es la agencia más importante que establece la jurisprudencia de inmigración en el país, y cuando se politiza eso, obviamente se está politizando la jurisprudencia de inmigración”, advirtió Muzaffar Chishti, jefe de la oficina no partidista del Instituto de Políticas de Migración de Nueva York.